Expr�sate - Express Yourself

"El Pa�s" es el diario de mayor difusi�n de Espa�a, seg�n la Oficina de Justificaci�n de la Difusi�n. Es el portavoz oficioso del PSOE, Partido Socialista Obrero Espa�ol, casi el equivalente del partido de Hitler, o partido "nazi", cuyo nombre traducido es "Partido Nacional Socialista Obrero Alem�n". El "nacional" era -o "es" si todav�a quedan nazis- para acentuar su car�cter nacional, a diferencia del internacional propio de otros partidos socialistas. Pero no hay que asustarse: El PSOE no tiene nada de socialista, y en su organizaci�n es m�s dif�cil encontrar alg�n obrero que en un partido derechista no vergonzante como el PP, o Partido Popular. Por consiguiente, el PSOE deber�a perder la S y la O, y quedarse en PE, Partido Espa�ol, lo que no permite la normativa por ser demasiado gen�rico. El PSOE actual carece de nombre aut�ntico.

"El Pa�s" se esfuerza por ser objetivo, pero sin escandalizar a su clientela. Frecuentemente aparecen en sus "Cartas al Director" lectores que le reprochan haber publicado noticias o colaboraciones poco ortodoxas.

La primera noticia -seg�n mis noticias, que pueden estar equivocadas- sobre la propuesta chilena de arbitraje la dio "El Mundo" el 25-7-99, como veremos a su debido tiempo. Tres d�as despu�s, "El Pa�s" dio su versi�n. Hela aqu�:

28-7-99. Chile solicita a Espa�a que acepte un arbitraje sobre el 'caso Pinochet'

EL PA�S, Madrid
El Gobierno chileno, a trav�s de una carta oficial de su ministro de Asuntos Exteriores, Juan Gabriel Vald�s, a su hom�logo espa�ol Abel Matutes, ha pedido a Espa�a que acepte un arbitraje internacional para determinar qui�n tiene competencia jurisdiccional en el caso Pinochet . Espa�a est� dispuesta a estudiar la petici�n, aunque ve importantes problemas para responder a la solicitud chilena. Pero la mayor preocupaci�n del Gobierno espa�ol, seg�n las fuentes consultadas, se centra en la situaci�n interna de Chile, en v�speras electorales. En las �ltimas semanas, el Ejecutivo chileno ha redoblado sus presiones sobre Madrid para que intente anular la demanda de extradici�n interpuesta por el juez Garz�n ante las autoridades judiciales brit�nicas.

En su larga carta fechada el 23 de julio, Vald�s pide "negociar a la mayor brevedad un compromiso a fin de someter al arbitraje la cuesti�n" que les divide y llega a decir que "si las acciones judiciales contravienen principios de derecho internacional y constituyen agravios para otros Estados, ning�n Estado puede escudarse en la independencia de su poder judicial (...)". La carta muestra que el Gobierno espa�ol no logra convencer al chileno de que no dispone de margen de maniobra para influir en el procedimiento de extradici�n de Pinochet, y que no pudo en su d�a oponerse a tramitar esa demanda que tuvo que pasar por el Consejo de Ministros. El Gobierno espa�ol entiende que ha actuado en pleno respeto del Estado de Derecho y de la independencia del poder judicial y as� lo ha expuesto Matutes en diversos pronunciamientos en la prensa chilena.

Obst�culos
Con anterioridad, el Gobierno chileno hab�a considerado la posibilidad de un arbitraje internacional, de acuerdo con un convenio entre Espa�a y Chile de 1927. En el �ltimo mes ha optado por pedir que se abra la v�a prevista en el art�culo 30 del Convenio Internacional sobre la Tortura de 1984 para, pese a las reservas chilenas sobre este texto -que se comprometen a salvar en unos d�as-, constituir un tribunal de arbitraje. Sin embargo, aunque el Gobierno espa�ol est� dispuesto a examinar esta petici�n, cree que hay importantes obst�culos. Por parte de Espa�a, el desarrollo de ese art�culo requerir�a la aprobaci�n de una ley o un acto parlamentario. El Gobierno est� dispuesto a elevar consultas a un �rgano como el Consejo de Estado. Ahora bien, incluso si se salvaran estos procedimientos y un arbitraje diera la raz�n a Chile, tal posici�n no tendr�a que afectar al juez Garz�n ni a los magistrados brit�nicos que est�n examinando el caso, seg�n las fuentes consultadas.

Vald�s recoge lo que ya apuntara en una anterior misiva de octubre de 1998, respecto del "grave da�o" que la detenci�n del ex dictador y la demanda de extradici�n causan "al proceso de transici�n democr�tica y de reconciliaci�n nacional". De hecho, Chile, seg�n se aprecia desde la diplomacia espa�ola, se ha convertido en un hervidero de rumores sobre posibles desaf�os militares al poder civil.

"El Pa�s" no se luce. Los tres d�as transcurridos permitir�an dar una informaci�n m�s bien hilvanada.

�C�mo informar�a a sus lectores un buen informador, como Vd., probablemente, o como yo?. Explicar�amos el caso as�:

Chile requiere a Espa�a para celebrar el arbitraje previsto por sus compromisos internacionales.

Fin de la explicaci�n.

Sigamos viendo la informaci�n de "El Pa�s".

Como vemos, Espa�a tiene la obligaci�n de someterse a tal arbitraje. Y, por ende, gran parte de lo que se dice en la informaci�n precedente de "El Pa�s" es err�neo cuando no disparatado. Por ejemplo, cuando dice: "Espa�a est� dispuesta a estudiar la petici�n". �No faltar�a m�s!. Tiene la obligaci�n de atenderla. O cuando dice: "En las �ltimas semanas, el Ejecutivo chileno ha redoblado sus presiones sobre Madrid para que intente anular la demanda de extradici�n interpuesta por el juez Garz�n ante las autoridades judiciales brit�nicas.". �"Intente anular"?. Querr� decir "anular" la tramitaci�n de dicha demanda. M�s absurdos: "Sin embargo, aunque el Gobierno espa�ol est� dispuesto a examinar esta petici�n, cree que hay importantes obst�culos. Por parte de Espa�a, el desarrollo de ese art�culo requerir�a la aprobaci�n de una ley o un acto parlamentario.". �De d�nde se ha sacado "El Pa�s" tal peregrina idea?. Lo �nico que necesita el Gobierno espa�ol es el valor necesario para retirar la petici�n de extradici�n. Ah� el Parlamento lo �nico que podr�a hacer es debatir el tema. Y finalmente: "Ahora bien, incluso si se salvaran estos procedimientos y un arbitraje diera la raz�n a Chile, tal posici�n no tendr�a que afectar al juez Garz�n ni a los magistrados brit�nicos que est�n examinando el caso, seg�n las fuentes consultadas.". Delirante. En realidad, Garz�n se quedar�a oficialmente sin jurisdicci�n (jur�dicamente ya se ha quedado sin tal jurisdicci�n), y los magistrados brit�nicos archivar�an el caso

"El Pa�s" no volvi� sobre el tema hasta el 1-8-99:

(Cortado el inicio, no recuerdo por qu�, probablemente por ser irrelevante.).
Hasta el pasado 16 de julio, y durante largos meses, Matutes tambi�n hab�a mantenido esa posici�n, al se�alar al Gobierno de Chile que, en todo caso, el mejor camino era llevar la discrepancia ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, �rgano arbitral previsto por la Convenci�n contra la Tortura de Naciones Unidas para dirimir las controversias. El ministro se opon�a, pues, al arbitraje bilateral.

La posici�n de Matutes reflejaba los dict�menes de la asesor�a jur�dica del Ministerio de Asuntos Exteriores espa�ol, bajo responsabilidad de Aurelio P�rez Giralda. �ste es de la opini�n de que, habiendo ya resoluciones judiciales sobre el caso Pinochet (como la solicitud de extradici�n del juez Baltasar Garz�n, el auto del pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el procesamiento, la autorizaci�n del Reino Unido, y otras), la aceptaci�n de un arbitraje bilateral al margen del �mbito judicial en el que ya se ha adentrado el caso deber�a ser sometida previamente al Parlamento para ser tramitada como ley.

Matutes advirti�, adem�s, a sus colegas del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno de que era necesario tener en cuenta que la tramitaci�n eventual de esa ley podr�a ser requerir m�s tiempo que un recurso directo, sin pasos previos, al tribunal de La Haya. �Por qu� raz�n? Es sencillo: porque en Espa�a la citada ley tardar�a en salir, caso de ser aprobada, alrededor de un a�o y est� previsto que se convoquen elecciones generales antes de ocho meses.

Pero fuentes diplom�ticas consultadas en los �ltimos d�as se�alaron que en el Ministerio de Asuntos Exteriores se viv�a un ambiente que presagiaba una inminente respuesta positiva a la propuesta chilena de arbitraje amistoso. Esas mismas fuentes dijeron que hab�a trascendido el deseo del ministro Matutes de "bordar" la nueva orientaci�n con el logro del apoyo del PSOE.

"El Gobierno de Aznar solicit� la extradici�n de Pinochet como veh�culo de la petici�n del juez Baltasar Garz�n. Para esto no ten�a que obtener apoyos. En cambio, la situaci�n ha variado, ya que se trata de un conflicto que ha afectado a las relaciones tradicionales de Espa�a y Chile. El PSOE es especialmente sensible a este conflicto", dijo una fuente diplom�tica que pidi� mantener su nombre en reserva.

Un portavoz de la Oficina de Informaci�n Diplom�tica dijo a este peri�dico que el tema se encuentra en estudio, ya que la carta del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Gabriel Vald�s, urgiendo en t�rminos muy duros y perentorios el arbitraje amistoso, no entr� en el Ministerio de Asuntos Exteriores espa�ol hasta el pasado lunes. "No podemos comentar este asunto, la carta es valorada como jur�dicamente compleja", dijo la misma fuente.

Las alforjas para un viaje al centro
E. E, Madrid
La oportunidad de solicitar un dictamen al Consejo de Estado espa�ol acerca del arbitraje bilateral propuesto por el Gobierno de Chile no es un asunto jur�dico menor. El Gobierno espa�ol ha dejado ir muy lejos el procedimiento de extradici�n del general Pinochet, con su gran cantidad de resoluciones, tanto espa�olas como brit�nicas -que han supuesto en cada caso un acontecimiento jur�dico de alcance internacional- como para aceptar ahora, a un mes y medio del juicio de extradici�n del ex dictador en Londres, algo que, en todo caso, pod�a haber pensado mucho antes.

En su descargo, el Ministerio de Exteriores espa�ol podr�a decir que hasta mediados del pasado mes de abril Chile no plante� con fuerza la propuesta de arbitraje bilateral, en el contexto de la Convenci�n contra la Tortura, y que, por tanto, lo sucedido ha sido responsabilidad de las autoridades chilenas.

El arresto del general Pinochet, a iniciativa del juez Garz�n y, por tanto, sin responsabilidad del Gobierno de Jos� Mar�a Aznar, fue practicado el 16 de octubre de 1998 por Scotland Yard tras la orden de un magistrado de Londres, y tras ser confirmado por el Foreign Office que el ex dictador no se hallaba amparado por una misi�n diplom�tica.

La defensa de Pinochet consigui� en el Alto Tribunal de Justicia tumbar la orden de arresto con el argumento de que, como ex jefe de Estado, el ex dictador gozaba de inmunidad soberana. Sin embargo, el Alto Tribunal permiti� que su resoluci�n fuera apelada ante la C�mara de los Lores. A primeros de noviembre de 1998, el Gobierno espa�ol enviaba la solicitud de extradici�n de Pinochet a Londres y el 25 de noviembre la C�mara de los Lores anulaba la inmunidad del ex dictador. Una impugnaci�n del fallo permiti� un segundo juicio en la citada c�mara que concluy� con una sentencia de inmunidad parcial. Este veredicto dej� a Pinochet en condiciones de ser juzgado en Espa�a por los delitos de conspiraci�n para tortura y tortura posteriores al 8 de diciembre de 1988.

Si el Gobierno espa�ol decide ahora someter la cuesti�n del arbitraje bilateral al Consejo de Estado, opinan diversos juristas, para el largo viaje jur�dico y diplom�tico internacional realizado en torno a este asunto no se necesitaban tantas alforjas. Por otra parte, tanto si el Consejo de Estado dictamina que no se necesita una ley para aceptar el arbitraje como si aconseja acudir al Parlamento, la posici�n del Gobierno de Aznar es muy comprometida.

En el primer caso, si el arbitraje -esto es, lo que decidan los juristas seleccionados por ambas partes- es favorable a Chile, el Gobierno espa�ol deber�a anular la solicitud de extradici�n. Muerto el perro, se acab� la rabia: Pinochet podr�a ser devuelto a Chile. Ser�a una dura asignatura para el Gobierno, que en medio de su campa�a del "viaje al centro" pol�tico, en octubre de 1998, se vanaglori� de tramitar la extradici�n de Pinochet con gran celeridad. Este dato fue destacado p�blicamente en la reciente campa�a de las municipales y auton�micas, con orgullo, por el vicepresidente primero, Francisco �lvarez Cascos. Ello reforz� la impresi�n recogida en Madrid por el ex canciller chileno, Jos� Miguel Insulza, de que la conducta de Aznar en el caso Pinochet est� guiada por c�lculos electorales.

Si el Consejo de Estado aconsejase llevar el asunto al Parlamento espa�ol, el Gobierno sabe desde el pasado viernes que el PSOE se opondr� al arbitraje. Y no ser� el �nico partido que se oponga.

Una carta del ministro chileno de Exteriores indujo cambios en la posici�n espa�ola

El nuevo canciller, Gabriel Vald�s, modific� los criterios de su predecesor, Jos� Miguel Insulza

E. E, Madrid
El aldabonazo que ha suscitado una posici�n del Gobierno espa�ol m�s abierta hacia la aceptaci�n de una intermediaci�n amistosa en el caso Pinochet lo dio, seg�n fuentes diplom�ticas y jur�dicas, la carta enviada con fecha 23 de julio pasado por el nuevo ministro de Exteriores chileno, el democristiano Gabriel Vald�s, a su colega espa�ol, Abel Matutes. Vald�s lleva adelante en este tema una orientaci�n diferente a la de su antecesor, el socialista Jos� Miguel Insulza. La diferencia estriba en que, mientras Insulza buscaba un arbitraje amistoso basado en el tratado bilateral firmado por Espa�a y Chile en 1927, Vald�s presiona para que el arreglo tenga lugar en el marco del Convenio contra la Tortura de Naciones Unidas.

El Gobierno espa�ol, seg�n fuentes diplom�ticas, hab�a mantenido internamente, en sus m�ltiples contactos con Chile, una actitud ambigua sobre la posibilidad de una salida no judicial para el caso Pinochet. No obstante, las negociaciones diplom�ticas con Chile continuaron.

Matutes, tras anticip�rselo a Vald�s, escribi� un art�culo en forma de carta que public� el peri�dico El Mercurio el pasado 11 de julio. El ministro espa�ol explicaba que los hechos relativos a Pinochet "est�n fuera del control del Gobierno y le vienen impuestos por una decisi�n del Poder Judicial". Con todo, Matutes ensayaba una justificaci�n de la acci�n judicial espa�ola: "En relaci�n a la norma en que se basa la acci�n de los tribunales espa�oles, me parece necesario disipar un malentendido que dificulta el tratamiento de este problema de una manera sosegada y racional. Me refiero a la existencia de ciertas excepciones al principio de territorialidad de la jurisdicci�n, que est�n previstas y amparadas por el derecho internacional vigente. Las diferentes convenciones, asumidas casi un�nimemente por la comunidad internacional, sobre la prevenci�n y represi�n de ciertos cr�menes contra la humanidad no s�lo permiten, sino que obligan a los Estados partes a introducir la represi�n de dichos cr�menes en sus legislaciones internas y a asumir directamente jurisdicci�n sobre ellos. No es �sta la extraterritorialidad que hemos condenado y condenamos en el �mbito de las cumbres iberoamericanas".

En su respuesta, publicada en el mismo citado peri�dico el pasado domingo 25 de julio, esto es, antes de que Matutes la hubiera recibido, el canciller Vald�s ataca duramente la defensa realizada por Matutes, al tiempo que ironiza en el sentido de que el ministro habla de un caso que est�, te�ricamente, seg�n �l mismo hab�a sostenido, sub judice, esto es, en la esfera judicial.

Pero he aqu� una informaci�n importante que revela la carta: "Despu�s de conversaciones que agotaban la etapa pol�tica y de las seguridades recibidas de que nos encamin�bamos a un arbitraje concluido amistosamente y con relativa rapidez, fue grande nuestra sorpresa al recibir la informaci�n oficial, ratificada en nuestra �ltima conversaci�n en la Cumbre de R�o de Janeiro, de que Espa�a ahora �nicamente aceptaba llevar esta cuesti�n al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, toda vez que un arbitraje obligar�a a ese Gobierno a tramitar una suerte de ley habilitante en las Cortes espa�olas".

La citada Convenci�n contra la Tortura prev� en el art�culo 30, p�rrafo 1, que "las controversias que surjan entre dos o m�s Estados partes con respecto a la interpretaci�n o aplicaci�n, que no puedan solucionarse mediante negociaciones se someter�n a arbitraje a petici�n de uno de ellos". Agrega que "si en el plazo de seis meses no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podr� someter la controversia al Tribunal Internacional de Justicia".

La actitud ambigua del Gobierno espa�ol, seg�n fuentes jur�dicas consultadas, se basaba hasta ahora en un hecho: Pinochet, entonces presidente de Chile, firm� en 1988 la Convenci�n haciendo, entre otras, una reserva al art�culo 30, p�rrafo 1, consider�ndose no obligado por lo dispuesto en �l. La Convenci�n contra la Tortura, precisamente, establece en el art�culo 30, punto 2, que "todo Estado, en el momento de la firma o ratificaci�n de la presente Convenci�n o de su adhesi�n a la misma, podr� declarar que no se considera obligado por el p�rrafo 1 del presente art�culo. Los dem�s Estados partes no estar�n obligados por dicho p�rrafo ante ning�n Estado que haya formulado dicha reserva".

No era alternativa firme
Por tanto, el Gobierno espa�ol no contemplaba como una alternativa firme el arbitraje, habida cuenta de la reserva planteada por Chile y de lo avanzado que se encuentra el procedimiento judicial de extradici�n. Las cosas han cambiado. El canciller Vald�s dice en su carta que acudir a La Haya supondr�a una larga espera e insiste en que el asunto deber�a ser r�pidamente discutido, probablemente porque el juicio de extradici�n de Pinochet se avecina en Londres. Debido a todo ello, si Espa�a accede al arbitraje bilateral amistoso, "el Gobierno de Chile proceder� a retirar la reserva que formul� a dicho art�culo 30, p�rrafo 1, en el momento de su ratificaci�n".

Este gambito coloca la pelota en el tejado del Gobierno espa�ol.

A la luz de la explicaci�n dada, son de ver los errores de esta informaci�n. Espa�a no puede negarse al arbitraje. La remisi�n a la Corte Internacional de Justicia se produce cuando no hay acuerdo sobre la forma del arbitraje. El arbitraje en s� es obligado, irrenunciable. La asesor�a jur�dica citada no tiene raz�n. El Gobierno espa�ol tiene las competencias en estos asuntos pol�ticos y debe aceptar el arbitraje. Sus discrepancias con Chile respecto a la forma de tal arbitraje no son m�s que excusas para salvar las pr�ximas elecciones legislativas.

. El 2-8-99 "El Pa�s" volv�a a tratar del tema:

El Gobierno no descarta someter al Consejo de Estado un posible arbitraje sobre Pinochet

El Ejecutivo chileno espera esta misma semana la respuesta espa�ola a su petici�n

EL PA�S, Madrid
El director general de la Oficina de Informaci�n Diplom�tica (OID), Joaqu�n P�rez Villanueva, asegur� ayer que el Gobierno espa�ol no ha cambiado su postura respecto a la petici�n de extradici�n del general Augusto Pinochet, pero que no descarta someter al Consejo de Estado la petici�n del Ejecutivo chileno de que el asunto se resuelva mediante un arbitraje bilateral. A su vez, el ministro chileno de Asuntos Exteriores, Juan Gabriel Vald�s, declar� ayer al peri�dico de su pa�s El Mercurio que espera la contestaci�n espa�ola esta misma semana.

Tras su detenci�n el pasado 28 de octubre, el general Augusto Pinochet, de 83 a�os de edad, permanece en Londres en la situaci�n de arresto domiciliario a la espera de su juicio de extradici�n a Espa�a -previsto para dentro de mes y medio-, donde ser�a juzgado por los presuntos delitos de conspiraci�n para la tortura y torturas posteriores al 8 de diciembre de 1988.

Mientras tanto, el Gobierno espa�ol tiene el prop�sito de someter al Consejo de Estado la petici�n que, en t�rminos imperativos, ha recibido del de Chile para solucionar el asunto del ex dictador de forma amistosa mediante un arbitraje bilateral. Las autoridades de ese pa�s suramericano, con Eduardo Frei, su presidente, a la cabeza, pretenden la anulaci�n de la demanda espa�ola y que su ex dirigente pueda regresar cuanto antes a Santiago.

En ese sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, plante� al secretario general del PSOE, Joaqu�n Almunia, el pasado lunes, aprovechando la coincidencia de ambos en Rabat (Marruecos) con ocasi�n de los funerales del rey Hassan II, su deseo de reunirse con �l para tratar del tema de Pinochet, en el que los socialistas han tenido un papel destacado. Ese encuentro se produjo cuatro d�as despu�s, el viernes.

El ministro inform� entonces al candidato a La Moncloa de la intenci�n del Gobierno de someter la propuesta chilena al Consejo de Estado para que este �rgano dictamine. El objetivo de la consulta es conocer si ser�a preciso que el Congreso y el Senado aprobasen una ley al respecto, ante lo cual deseaba saber el criterio que adoptar�an los socialistas.

Almunia le respondi� que el PSOE se mantendr�a a la expectativa de lo que el Consejo dictaminase, pero tambi�n le advirti� de que la idea de su partido es que sea la jurisdicci�n espa�ola la que finalmente resuelva sobre Pinochet o, lo que es lo mismo, que se opondr�an a ese particular arbitraje.

A su vez, el director general de la Oficina de Informaci�n Diplom�tica (OID), Joaqu�n P�rez Villanueva, asegur� ayer que el Gobierno popular no ha cambiado su postura en relaci�n con la solicitud de que Pinochet sea extraditado a Espa�a. As�, en declaraciones a la Cadena SER, afirm� que el Ejecutivo "sigue haciendo lo mismo que ha hecho siempre, es decir, pr�cticamente nada". Contin�a creyendo, insisti�, que se trata de una cuesti�n judicial.

"Lo que s� ha ocurrido", puntualiz�, "es que el Gobierno chileno ha pedido formalmente que se recurra al arbitraje". Y el espa�ol, agreg�, "en virtud de lo mucho que valora las relaciones con Chile, va a analizar las razones" que expone para reclamarlo. Para ello, concluy� P�rez Villanueva, "no se descarta" enviar esa solicitud al Consejo de Estado, un paso, dijo, que todav�a no se ha dado.

Sin embargo, el ministro chileno de Asuntos Exteriores, Juan Gabriel Vald�s, en una entrevista publicada ayer por el rotativo de su pa�s El Mercurio, asegur� que espera una inmediata respuesta por parte del Ejecutivo espa�ol. "Lo que significa", agreg�, "que estamos hablando de la pr�xima semana [por �sta]".

"Tenemos se�ales evidentes", explic� Vald�s, "de que el Gobierno espa�ol, de muy buena fe, est� estudiando con seriedad (...), desde el punto de vista jur�dico, el arbitraje".

De aqu� sobresale la esperada tonter�a del PSOE de oponerse a un arbitraje obligado, contra el que no cabe oposici�n. Cabe preguntarse por qu� Matutes no habl� con Felipe Gonz�lez, en lugar de con Almunia. El primero ser�a mucho m�s sensato y no se "opondr�a". Otra tonter�a es la afirmaci�n del Sr. P�rez Villanueva de que se analizar�an las razones de Chile como una deferencia a este pa�s, y no simplemente por ser obligaci�n de Espa�a el analizarlas.

Como podemos observar, la informaci�n de "El Pa�s" es abundante pero deslavazada, desorganizada. No aclara al lector medio cu�l es el verdadero problema, si tiene raz�n Chile o Espa�a, si es posible o no que Espa�a desista de la petici�n de extradici�n, y en su caso si para ello es precisa una ley, etc..

El 3-8-99 "El Pa�s" podr�a aclarar este asunto. Veamos:

Las asociaciones de jueces y fiscales rechazan el arbitraje en el 'caso Pinochet'

La acusaci�n se queja a Aznar de que Matutes haya entregado a Chile documentos del sumario

EL PA�S, Madrid
Las asociaciones espa�olas de jueces y fiscales de todas las tendencias rechazaron ayer un�nimemente que el futuro del ex dictador Augusto Pinochet pueda dirimirse al margen del �mbito judicial, mediante un arbitraje bilateral amistoso entre Espa�a y Chile, y exigieron que "se deje actuar a los tribunales".

Sorprendente -por decir algo, ya que, en realidad, no me sorprende- rechazo, rechazo imposible. Esas cuestiones internacionales son de exclusiva competencia del ejecutivo, que puede acordar lo que considere conveniente. Y, evidentemente, al margen del �mbito judicial, el cual puede seguir entreteni�ndose -como si no tuviera nada m�s que hacer- instruyendo los procedimientos judiciales que crea oportuno, como hace ahora Garz�n con algunos asuntos argentinos, y mientras alg�n Tribunal superior serio no lo pare.

Los abogados de las acusaciones contra el ex dictador clamaron contra una decisi�n que, dijeron, "har�a a Espa�a perder su credibilidad democr�tica" y enviaron una carta de protesta al presidente del Gobierno,Jos� Mar�a Aznar, por la actitud del ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes.

Los abogados son partidistas, claro, y arriman el ascua a su sardina. Sus tonter�as quedan as� explicadas.

Las asociaciones de jueces y fiscales rechazaron la posibilidad de que el Gobierno acepte, previa consulta al Consejo de Estado, un arbitraje amistoso con el Ejecutivo de Chile para dirimir fuera del �mbito judicial la solicitud de extradici�n de Augusto Pinochet. Portavoces de la Asociaci�n Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Asociaci�n Francisco de Vitoria, de la Asociaci�n de Fiscales (AF) y de la Uni�n Progresista de Fiscales (UPF) coincidieron en que la f�rmula de un eventual arbitraje que soslaye el proceso de extradici�n ser�a "una decisi�n pol�tica", pero que ser� dif�cil arbitrar medidas que impliquen "la dejaci�n de la competencia jurisdiccional espa�ola".

De acuerdo. Decisi�n pol�tica, competencia del ejecutivo, y maldita la falta que hace arbitrar medidas para que los jueces dejen de entretenerse.

El presidente de la conservadora y mayoritaria Asociaci�n Profesional de la Magistratura, Santiago Mart�nez Vares, se�al� que el Gobierno "no puede influir sobre los tribunales" y si el Ejecutivo decide escuchar al Consejo de Estado no estar�a vinculado por su informe. "Si est� tramit�ndose la v�a judicial, s�lo los tribunales pueden concluir esa v�a y ninguna recomendaci�n del Gobierno puede influir sobre eso", coment� Mart�nez Vares.

Otra vez lo mismo. Titular enga�oso. "El Pa�s" no lo entiende (o hace ver que no lo entiende para no molestar a su clientela).

Sin embargo, el portavoz oficial de esta misma asociaci�n, Jos� Luis Requero, consider� "razonable" que el Gobierno pida un dictamen al Consejo de Estado, ya que este organismo est� para elaborar aquellos dict�menes que se le reclamen "cuando las necesidades lo aconsejen". En su opini�n, los gobiernos espa�ol y chileno est�n intentado llegar a una soluci�n "desde el punto de vista pol�tico", para salir "del embrollo jur�dico" en el que est� el asunto. "Esto tiene todas las trazas de buscar una soluci�n pol�tica a un asunto que, desde el punto de vista jur�dico, tiene una base dudosa", insisti� Requero.

�A qu� viene ese "Sin embargo", como si los Sres. Mart�nez y Requero se contradijeran?. Respecto a lo que dice el Sr. Requero, por ende, nada de "rechazo". Titulares de "El Pa�s" enga�osos. Soluci�n pol�tica, perfectamente l�cita. Es de reconocer el extraordinario comedimiento del Sr. Requero al hablar del "embrollo jur�idico" y de la "base dudosa", en lugar de hablar del "churro" y del "disparate jur�dico".

Otra vez lo mismo: "El Pa�s" no lo entiende (o hace ver que no lo entiende para no molestar a su clientela).

Para la portavoz de la asociaci�n progresista Jueces para la Democracia, Montserrat Comas, no cabe ning�n arbitraje entre el Gobierno espa�ol y el chileno porque "vulnerar�a la Constituci�n espa�ola", cuyo art�culo 118 obliga a "cumplir las sentencias y dem�s resoluciones firmes de los jueces y tribunales, as� como prestar la colaboraci�n requerida por �stos". Adem�s, advirti� que en este caso no es posible un arbitraje que s�lo "est� previsto cuando se produce un conflicto pol�tico entre los pa�ses, y no cuando se derive del cumplimiento de resoluciones judiciales". Comas signific� que el Gobierno "no puede ir contra sus actos, al haber solicitado ya la extradici�n de Pinochet a Inglaterra".

Ni una, Do�a Montserrat:
1. El bodrio llamado "Constituci�n Espa�ola" es una ley interna, y por ende, seg�n el Convenio de Viena relativo a la validez de los tratados internacionales, no tiene la menor virtualidad para impedir el cumplimiento de un Tratado Internacional como el de Arbitraje con Chile, de 1927 o el de la Tortura de 1984 . Adem�s, dicho bodrio as� lo declara en su art�culo �96?.

2. El Tratado con Chile de 1927 dice bien claramente: "Art�culo I. Las Altas Partes contratantes se obligan a someter a juicio arbitral todas las controversias de cualquier naturaleza que por cualquier causa surgieran entre ellas, siempre que no puedan ser resueltas por negociaci�n directa." (las negritas son m�as). Y el Convenio sobre la Tortura, seg�n explicaba "El Pa�s" m�s arriba, dice: "Art�culo 30, p�rrafo 1. Las controversias que surjan entre dos o m�s Estados partes con respecto a la interpretaci�n o aplicaci�n de la presente Convenci�n, que no puedan solucionarse mediante negociaciones se someter�n a arbitraje a petici�n de uno de ellos". Agrega que "si en el plazo de seis meses no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podr� someter la controversia al Tribunal Internacional de Justicia".

Ergo, el conflicto puede ser pol�tico, judicial, comercial, relativo a una partida de mus, jurisdiccional (como en este caso), etc..

3. El Gobierno puede, cuando lo considere conveniente (y, sobre todo, cuando se atreva), retirar su petici�n de extradici�n.

El representante de la asociaci�n centrista Francisco de Vitoria, Lorenzo P�rez, dijo que el arbitraje "no ser�a una soluci�n correcta", ya que "se debe respetar el principio jurisdiccional de cada pa�s y la jurisdicci�n espa�ola est� conociendo de unos delitos para los que se considera competente".

"Premio" para el Sr. P�rez. Como la Sra. Comas, no da ni una: Dos tratados internacionales, como si uno solo no bastara, lo consideran la soluci�n correcta. Si respetamos el principio jurisdiccional de cada pa�s, bien podemos respetar el principio jurisdiccional chileno. No basta con que la jurisdicci�n espa�ola se considere competente: Debe serlo (y no lo es). Y es muy sospechoso que Espa�a no acepte el arbitraje al que est� obligada. Muy probablemente sabe que el arbitraje dar�a la raz�n a Chile

El portavoz de la conservadora Asociaci�n de Fiscales, Miguel Colmenero, se opuso a cualquier medida que suponga una impunidad expresa o encubierta de Pinochet.

Muy poco expl�cito. Titular de "El Pa�s" enga�oso.

El presidente de la Uni�n Progresista de Fiscales, Adri�n Salazar, tambi�n rechaz� un posible arbitraje, "con independencia del apoyo legal que pueda tener en los tratados internacionales", ya que "los delitos son los suficientemente graves para que se deje funcionar a los tribunales". "Es una decisi�n pol�tica que, aunque tuviera alg�n tipo de soporte legal, no es de recibo", a�adi�.

El Sr. Salazar podr�a perfectamente formar parte del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El calibre de sus disparates lo hace completamente id�neo. El arbitraje no se puede rechazar, porque Espa�a est� obligada a cumplir dichos tratados, quiera o no quiera. Los fiscales est�n especialmente dedicados a hacer cumplir la ley, y hete aqu� uno que dice que le importa un r�bano la ley que apoya el arbitraje. Suficiente para que lo expulsen del cuerpo. Ya hemos visto que los tribunales pueden seguir funcionando -es decir, perdiendo el tiempo- sea cual sea el resultado del arbitraje. Acaba insistiendo en que el soporte legal de una decisi�n le importa un comino. Catastr�fico.

El portavoz de Amnist�a Internacional, C�sar D�az, manifest� tambi�n su rechazo a la propuesta del Gobierno chileno que "impedir�a que siguiera adelante el proceso judicial".

El rechazo o no rechazo del Sr. D�az a la propuesta del Gobierno chileno es irrelevante. Dicho gobierno tiene derecho a hacerla. Ya hemos visto hasta la saciedad que el proceso judicial podr�a seguir adelante ...hasta que un Tribunal serio lo parase.

Joan Garc�s, abogado de la acusaci�n popular en el sumario que se sigue en la Audiencia Nacional contra Pinochet, asegur� que someter este caso a un arbitraje entre dos gobiernos provocar�a "una crisis dentro del Estado de Derecho espa�ol". "Me resulta asombroso que haya alguien en el Gobierno espa�ol que est� dispuesto a recibir lecciones de Derecho del pa�s (Chile) que ha hecho gala de violaci�n sistem�tica de los tratados internacionales suscritos por Espa�a", a�adi� Garc�s.

El Sr. Garc�s es partidista y no est� obligado a la objetividad, la seriedad, el rigor. Por eso esa descomunal tonter�a de decir que someter este caso a un arbitraje -a lo que Espa�a est� obligada, le guste o convenga o no- provocar�a "una crisis dentro del Estado de Derecho espa�ol" no significa que el Sr. Garc�s sea tonto. Lo mismo se aplica a "Me resulta asombroso que haya alguien en el Gobierno espa�ol que est� dispuesto a recibir lecciones de Derecho del pa�s (Chile) (...)". No se trata de recibir o dar lecciones, sino de examinar cada caso seg�n sus m�ritos.

Obs�rvese la falta de neutralidad de "El Pa�s": Aparte de jueces y de fiscales, nos da la opini�n de dos antipinochetistas, y ninguna de pinochetistas.

Obs�rvese tambi�n c�mo las tonter�as empiezan a aparecer -a "progresar"- por la izquierda. Recuerdo, enternecido, aquel dogma izquierdista de pocas d�cadas atr�s que dec�a "La inteligencia est� en la izquierda.". Quien no se consuela es porque no quiere.

Sigue la informaci�n con:

Carta a Aznar
Los abogados de las acusaciones particular y popular por los cr�menes cometidos en Chile durante la dictadura dirigieron ayer una carta al presidente del Gobierno, Jos� Mar�a Aznar, lamentando que el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, "pareciera ofrecer excusas por el hecho de que los tribunales de justicia est�n investigando la responsabilidad personal de Pinochet".

No vale la pena reproducirla, ya que al ser partidista, tiene derecho a decir todas las tonter�as que quiera.

El PSOE exige a Matutes que se explique en el Parlamento

Tampoco vale la pena. No se distinguen los partidos pol�ticos espa�oles por su sentido de la responsabilidad. Lo principal para ellos es denostar al adversario.

Pasemos, pues, a la opini�n de "El Pa�s" expresada en su editorial del 3-8-99:

Calma con Pinochet
El caso Pinochet debe abordarse con calma, dejando que hable la justicia, en pleno respeto de la independencia judicial en democracia. Corresponde ahora a los jueces brit�nicos dar respuesta a la demanda de extradici�n a Espa�a del ex dictador chileno planteada por el juez Garz�n. A estas alturas, a menos de dos meses de la apertura del proceso de extradici�n en Londres, no parece lo m�s adecuado intentar un procedimiento de arbitraje para sacar la cuesti�n del �mbito judicial, forzando las posiciones y los plazos. Pinochet no debe llevar a una transgresi�n de la independencia judicial ni a tener que aprobar leyes a todo correr para hacerlo posible.

Ya hemos visto que el obligado arbitraje en nada afecta a la independencia judicial. No corresponde a los jueces brit�nicos dar tal respuesta si Espa�a, su Gobierno, retira su petici�n de extradici�n. No explica "El Pa�s" por qu� no parece adecuado un arbitraje a estas alturas. Con el arbitraje no se transgrede la independencia judicial ni es precisa m�s legislaci�n que la ya vigente.

La carta oficial mandada el pasado 23 de julio por el nuevo canciller chileno, Juan Gabriel Vald�s, a su hom�logo espa�ol, Abel Matutes, es una misiva que delata desesperaci�n por buscar una salida casi a cualquier precio para evitar la posibilidad de que el Reino Unido conceda la extradici�n de Pinochet a Espa�a. La carta supera lo que se espera razonablemente del canciller de una democracia, o de un pa�s en transici�n a la democracia. En la misiva oficial, hecha p�blica en Santiago antes de que llegara a Espa�a, Vald�s afirma que "si las acciones judiciales contravienen principios de derecho internacional y constituyen agravios para otros Estados, ning�n Estado puede escudarse en la independencia de su Poder Judicial". Ning�n juez hasta ahora ha sentenciado que se contraviniera el derecho internacional. Todo lo contrario. Aunque la instancia m�s l�gica para dirimir estos contrastes de pareceres hubiera sido el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, como lleg� a proponer el Gobierno espa�ol. Pero tal procedimiento toma mucho tiempo. Y el Gobierno chileno quiere rapidez.

Como "El Pa�s" no ha publicado tal carta, no podemos juzgar. Los argumentos que pueda dar Chile para probar las contravenciones al derecho internacional nos son desconocidas. Ning�n juez ha sentenciado tal contravenci�n ...ni la no contravenci�n.

La prisa, que siempre es mala consejera, ha llevado a las autoridades chilenas a pedir ahora una salida mediante un arbitraje amistoso, con tres jueces -uno nombrado por Chile, otro por Espa�a y un tercero por ambos- que dictaminar�an al respecto. Es una posibilidad que se contempla en el Convenio Internacional contra la Tortura de 1984 , y que probablemente requerir�a de Espa�a la aprobaci�n de una ley, o al menos un acto parlamentario. Todo ello, cuando Vald�s, pese a que Madrid le ha entregado informes jur�dicos internos que el canciller cita en su carta, cuestiona que el Gobierno de Espa�a no tuviera margen de maniobra para no cursar la demanda de extradici�n. Hoy por hoy, el �nico margen gubernamental disponible es el que tiene el ministro brit�nico del Interior para decretar en cualquier momento la puesta en libertad de Pinochet por motivos humanitarios.

No "probablemente". Es obvio que el ejecutivo espa�ol puede tramitar la petici�n de extradici�n, o no tramitarla; y retirarla cuando ya la ha tramitado. Y hasta retirarla cuando los tribunales brit�nicos hicieran el disparate de acceder a la extradici�n.

El Gobierno espa�ol no puede rehusar estudiar la demanda de arbitraje, aunque asegura que a�n no ha pedido dictamen alguno al Consejo de Estado para dirimir fuera del �mbito judicial la suerte de Pinochet. El PSOE ya ha dejado claro, como diversas asociaciones de jueces y fiscales, que la justicia debe seguir su curso. En cualquier caso, un hipot�tico arbitraje no ser�a determinante, pues es un �rgano de consulta que no puede reemplazar ni al poder legislativo ni al judicial. Su resultado, o as� lo creen numerosos juristas, ni siquiera tendr�a que ser tenido en cuenta por las autoridades judiciales brit�nicas o espa�olas.

Menos mal que admite que "no puede rehusar". Ya hemos visto que la justicia, m�s exactamente, los tribunales, puede seguir su curso aunque se renuncie a la extradici�n. El arbitraje no es "hipot�tico" sino obligado. No es un �rgano de consulta sino de decisi�n, y su resultado deber�a ser tenido en cuenta por los tribunales en cuanto el ejecutivo dispusiera de la persona del justiciable para enviarla de vuelta a su pa�s o no.

El caso Pinochet est� afectando negativamente a las relaciones bilaterales entre Espa�a y Chile e incluso los v�nculos de este pa�s con el resto de Am�rica Latina. El presidente chileno ya ha anunciado que, en esta situaci�n, no acudir� a la Cumbre Iberoamericana de La Habana, en noviembre, una cita fijada hace tres a�os en la que Espa�a tiene grandes esperanzas. Estamos ante una cuesti�n de Estado en la que ser�a bueno un acuerdo entre las fuerzas pol�ticas espa�olas como el que Matutes ha pedido a Joaqu�n Almunia. Pero no se puede en nombre de la raz�n de Estado quebrar el principio de la independencia judicial en una demanda de extradici�n amparada por el Tribunal Supremo. Hasta ahora, el Gobierno espa�ol ha actuado correctamente, como corresponde a un Estado de derecho. Y Pinochet no debe ser causa para quebrar esta l�nea.

Y dale con la independencia judicial, que hemos visto hasta la saciedad que no es afectada por el arbitraje. El Tribunal Supremo no ha amparado tal demanda de extradici�n. �Albricias!. �"El Pa�s" reconoce que el abominable Gobierno derechista, no centrista, ha actuado correctamente hasta ahora!.

Fin del editorial.