Expr�sate - Express Yourself
Dado que mi examen de la informaci�n que han venido dando los tres diarios espa�oles con m�s circulaci�n va notablemente retrasado, lo complemento con esta selecci�n de las noticias dadas en dichos tres diarios en la fecha indicada. Mis comentarios van en redondas
"El Pa�s" 1
En los �ltimos meses, el general, que lleva marcapasos, se someti� a diversos reconocimientos m�dicos, pues tiene problemas de diabetes, asma, artrosis y presenta s�ntomas de fatiga. Un examen neurol�gico que se le practic� el 13 de septiembre ha revelado que ya ha sufrido "peque�os derrames cerebrales", seg�n sus allegados. La diplomacia chilena quiere demostrar que el deterioro f�sico y ps�quico de Pinochet aconseja el regreso a su pa�s.
El conservador brit�nico Norman Lamont, ex ministro de Econom�a y actual miembro de la C�mara de los Lores, vio al general hace tres semanas en la residencia de Wentworth. "No soy un experto, pero todo el mundo dice que su salud se est� deteriorando", dijo Lamont, que apoya una campa�a para pedir su liberaci�n.
Pinochet fue detenido el 16 de octubre de 1998 despu�s de que el juez espa�ol Baltasar Garz�n solicitase su captura para juzgarle por violaci�n de los derechos humanos durante la dictadura chilena (1973-90).
El pr�ximo lunes 27 empieza en un tribunal de Londres el juicio sobre su extradici�n a Espa�a, que puede durar unos cinco d�as. El Comit� Judicial de la C�mara de los Lores, m�xima instancia judicial brit�nica, decidi� en marzo que Pinochet s�lo puede ser entregado por delitos cometidos despu�s del 8 de diciembre de 1988, fecha en que el Reino Unido ratific� la Convenci�n Internacional contra la Tortura. El juez Garz�n ha reunido hasta 60 casos ocurridos despu�s de aquella fecha. Los m�s destacados (unos 36) ser�n presentados en la vista por la Fiscal�a de la Corona.
"El Pa�s" 2
El juez espa�ol carg� contra los secuestros: "El secuestro como arma pol�tica es inviable en cualquier Estado de derecho". Su posici�n sobre la ayuda estadounidense al Ej�rcito para la lucha antinarc�ticos gener� la reacci�n inmediata del ministro de Defensa Luis Fernando Ram�rez . "No se puede juzgar por anticipado al Batall�n Antinarc�ticos del Ej�rcito que a�n no ha empezado a operar", dijo. Pero Garz�n insisti�: "No podemos permitir que fondos de otro pa�s se puedan destinar a contribuir a un aumento del conflicto: el desarrollo de actividades militares para erradicar esta lacra acarrear�a el riesgo, m�s que evidente, de violaciones de derechos humanos". En las conclusiones, la misi�n se�ala a paramilitares y guerrilla como los mayores violadores de derechos humanos.
Garz�n es comunista -pero m�s garzonista-, lo que explica su prejuicio antiUSA. Es como si preconizara que en Espa�a no se luchase contra ETA porque ello pueda "contribuir a un aumento del conflicto: el desarrollo de actividades militares para erradicar esta lacra acarrear�a el riesgo, m�s que evidente, de violaciones de derechos humanos". Ergo, en la "l�gica" garzoniana, no hay que luchar contra la lacra, hay que dejar que contin�e. Si un pa�s tiene pocos medios econ�micos para luchar contra la lacra, por lo que no puede acabar con ella, no debe aceptar ayuda econ�mica ajena, porque eso aumentar�a la lucha (con el riesgo evidente de acabar con la lacra). Adem�s, obs�rvese su concepto de la "presunci�n de inocencia" de las acciones militares.
"El Pa�s" 3
Cuando la petici�n de extradici�n del juez se tramita "en una tarde o en una ma�ana", en vez de tardar tres o cuatro semanas como es habitual, "se est� indicando un tipo de voluntad pol�tica muy especial", afirm� Juan Gabriel Vald�s, quien rechaz� que el Gobierno espa�ol se hubiera limitado al cumplimiento escrupuloso de la ley. "Nos hubiera gustado", subray� el canciller chileno, "que [las autoridades espa�olas] hubieran tenido la deferencia de informarnos lo que pensaban hacer".
El canciller chileno, que pronunci� una conferencia en la America's Society, critic� la actitud de Espa�a durante todo el proceso desatado tras la detenci�n del ex dictador Augusto Pinochet en Londres, hace ya un a�o. A su juicio, la posici�n espa�ola implica "una indiferencia absoluta hacia el derecho de Chile a conducir su transici�n."
Cuesti�n de tonos
Respecto al reciente acuerdo -alcanzado en la sede de la ONU en Nueva York
entre Matutes y Vald�s- de bajar el diapas�n de las declaraciones respectivas
para no amplificar a�n m�s un conflicto que est� tensando mucho las relaciones de
los dos pa�ses, el canciller chileno puntualiz�: "A m� me parece que decir eso no es
subir el tono del conflicto, sino mantener lo dicho". "Vamos a seguir manteniendo
las opiniones que tenemos", advirti� Vald�s.
Un portavoz del Ministerio espa�ol de Exteriores se�al�, por su parte, que la actuaci�n del Gobierno espa�ol en el proceso de extradici�n de Augusto Pinochet se limit� al cumplimiento riguroso de la ley y record� las fechas: "La orden de detenci�n formulada por el juez Baltasar Garz�n a trav�s de Interpol se efectu� el 16 de octubre. El Gobierno desconoc�a dicha iniciativa judicial y, desde el primer momento, se puso en contacto con la diplomacia chilena. El Gobierno tramit�, el 6 de noviembre de 1998, la petici�n de extradici�n, una vez que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el 5 de noviembre, convirti� en firme la petici�n del juez Garz�n contra la que hab�a presentado recurso el ministerio fiscal".
Es obvio que el Gobierno espa�ol no est� obligado a tramitar toda petici�n de extradici�n que le hagan los jueces. Es de su exclusiva competencia tramitarla o no.
Dicho portavoz agreg� que no hay ning�n precedente de retraso en la tramitaci�n de extradiciones y record� que, en el caso de un etarra residente en Venezuela por acuerdo entre los dos gobiernos, cuya extradici�n solicit� el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren en noviembre de 1991, se dio le dio tr�mite en una semana, tras debatirse por el Consejo de Ministros.
El canciller chileno no ahorr� tampoco cr�ticas al magistrado que desat� el caso Pinochet con su orden de detenci�n para el ex dictador. Vald�s calific� al juez Baltasar Garz�n de "justiciero internacional" y de "combinar las tareas pol�ticas con las judiciales".
Transici�n
Adem�s, Vald�s carg� tambi�n contra los sectores de la opini�n p�blica espa�ola
que ven en la actitud del Gobierno de Chile una defensa de la impunidad de
Pinochet. "Los que nos recomendaron un proceso de transici�n pac�fica se erigen
ahora en jueces de nuestra transici�n", se quej�.
Respecto a si el futuro de los empresarios espa�oles en el pa�s andino podr�a verse afectado por la frialdad que preside en estos momentos las relaciones entre Espa�a y Chile, Juan Gabriel Vald�s dijo que los propios interesados querr�an que los dos pa�ses tuvieran "unas relaciones excelentes, lo que no es posible en este caso". Sin embargo agreg�, para tranquilizarlos, que "Chile no va a desconocer los acuerdos que existan con los empresarios espa�oles".
Por su parte, Abel Matutes no quiso contestar a las declaraciones de su hom�logo chileno. "No es mi intenci�n alimentar una pol�mica que debe concluir", dijo el titular espa�ol de Exteriores.
Adem�s, �qu� podr�a contestar?.
"El Pa�s" 4
Justamente por eso, el ordenamiento faculta al Gobierno para que no d� curso a una solicitud de extradici�n si no lo estima oportuno. No es verdad que el Gobierno ante una solicitud de extradici�n no pueda hacer nada. Puede darle curso o no d�rsela. La decisi�n judicial es condici�n necesaria, pero no suficiente. Si el Gobierno no hace suya dicha decisi�n, la solicitud de extradici�n no se tramita.
Exacto.
Pero si la tramita tiene que hacerla suya. Lo que no se puede aceptar es que un Gobierno haga suya la decisi�n judicial y no la haga simult�neamente. No se puede aceptar que se d� curso a una solicitud de extradici�n y se act�e despu�s subrepticiamente para que la extradicci�n no se produzca. Una vez que se ha dado curso a la solicitud de extradici�n, el Gobierno tiene que aceptar las consecuencias que de la misma se derivan. Lo contrario es un fraude de ley.
Por desgracia, �sa ha sido la actitud del Gobierno espa�ol en el caso Pinochet. Y esa actitud es la que est� envenenando el contencioso tanto con Chile como en el interior del pa�s. No se puede tolerar que el fiscal general del Estado y toda la fiscal�a de la Audiencia Nacional est�n actuando de la manera que lo est�n haciendo. No se puede tolerar que se le hagan llegar a las autoridades chilenas mensajes que son incompatibles con la decisi�n que se adopt� en su d�a de dar curso a la solicitud de extradici�n.
Falso: La Fiscal�a es aut�noma. No est� a las �rdenes del Gobierno.
Si, por el motivo o por la conjunci�n de motivos que fuera, se consideraba que no se deb�a juzgar a Pinochet en Espa�a, el Gobierno ten�a que haber dado la cara y negarse a dar curso a la solicitud de extradici�n. �se era el momento en que ten�a que haber decidido de acuerdo con lo que realmente pensaba que era mejor para Espa�a.
Ya hemos visto las razones -pol�ticas, electoralistas- que han llevado al Gobierno espa�ol a hacer este rid�culo.
De esta manera, el Gobierno habr�a forzado un debate nacional que habr�a sido, adem�s, muy interesante. Es absurdo que ese debate se haya producido en Inglaterra y no se haya producido en Espa�a. En Inglaterra el partido conservador no ha tenido ninguna verg�enza en defender una posici�n contraria a la extradici�n de Pinochet y en intentar crear un estado de opini�n favorable a una decisi�n en ese sentido por parte del ministro del Interior, independientemente de que lo consiguiera o no. Ha sido la posici�n de un partido democr�tico sin complejos.
El debate ser�a pr�cticamente imposible.La opini�n p�blica espa�ola est� desinformada por los periodistas espa�oles, como vamos viendo. Ya hemos visto que, parad�jicamente, la ideolog�a triunfante, la derechista, no se atreve a manifestarse como tal.
No es razonable pensar que en Espa�a no hay tanta gente en contra de la extradici�n de Pinochet como la que hay en Inglaterra. Y no es ning�n buen s�ntoma de salud democr�tica que no se tenga el coraje de defender la posici�n propia y que se decida actuar a escondidas. �No ten�an la derecha espa�ola y el Gobierno argumentos para justificar la decisi�n de no dar curso a la extradici�n de Pinochet? Y si los ten�a, �por qu� no los ha hecho p�blicos? �Por qu� ese empecinamiento en afirmar que el Gobierno no ten�a margen de maniobra, cuando s� lo ten�a?
El Gobierno ten�a margen de maniobra. Lo que ocurre es que ten�a que gobernar, es decir, adoptar decisiones y soportar el coste correspondiente. No dar curso a la extradici�n ten�a un coste. Darle curso, tambi�n. Darle curso y no d�rsela simult�neamente tiene m�s costes que ninguna otra decisi�n. Para el Gobierno y para el pa�s.
Es cierto que, objetivamente, el encausamiento de un ex jefe de Estado crea problemas. Pero si adem�s se act�a fraudulentamente, no se adopta una actitud clara y se le dice al Gobierno chileno una cosa y se hace despu�s otra distinta por miedo a la reacci�n de la opini�n p�blica espa�ola, los costes son todav�a mayores. �Cu�l puede ser en este momento para el Gobierno chileno el valor de la palabra del presidente del Gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores de Espa�a?
Valor nulo, claro.
La cobard�a es mala consejera en pol�tica. M�s todav�a cuando se ocupa el Gobierno de la naci�n. Cuando no se tiene el valor de defender la posici�n propia, al Gobierno se le acaba perdiendo el respeto. Fuera y dentro.
Exacto.
"ABC" 1
Despu�s de que el ministro de Exteriores espa�ol, Abel Matutes, afirmara tras reunirse con su hom�logo chileno el martes por la noche que ambos coincid�an en que �es necesario bajar el diapas�n, desdramatizar la situaci�n y seguir abiertos a futuros contactos�, Vald�s manifest� ayer que �no hay razones, y no tiene ya sentido mantener consultas diplom�ticas con Espa�a�.
El ministro chileno hizo estas declaraciones tras un desayuno con inversores y diplom�ticos en el Consejo de las Am�ricas, un organismo privado que promueve las relaciones de EE.UU. con Iberoam�rica. El tono crispado, por no decir muy duro, del canciller era evidente.
Consider� tambi�n que la controversia con Espa�a acerca de Pinochet �detenido en Londres desde hace once meses y a la espera de un fallo de la Justicia brit�nica sobre su extradici�n a Espa�a� �ya pas� a terreno judicial, por lo que no amerita m�s consultas diplom�ticas�.
Al insistir en que el �camino diplom�tico ya fue cerrado�, el canciller confirm� que Chile est� �preparando su demanda contra Espa�a ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya�. El �caso est� ya s�lo en manos de abogados�, subray�.
SIN RUPTURA
Vald�s no ocult�, durante su intervenci�n en el Consejo, su c�lera
contra Espa�a y contra el juez Baltasar Garz�n en especial, por la
demanda de extradici�n contra el ex dictador chileno, de 83 a�os.
Aunque Vald�s denunci� �la pretensi�n� y �la arrogancia� de
�pa�ses europeos en erigirse en jueces de procesos de transici�n
pol�tica en Am�rica Latina�, su indignaci�n apunt� en particular al
Gobierno de Madrid, aunque dej� claro que no est� en el orden del
d�a una ruptura de relaciones entre ambos pa�ses.
Precis�, en cambio, que �con Gran Breta�a, Chile sigue conversando, y le hemos dicho al Gobierno (brit�nico) que no le conviene que Pinochet, aquejado de toda suerte de dolencias, se les muera all��.
La bronca de Vald�s estuvo en particular dirigida contra el juez Garz�n, de quien dijo que �combina pretensiones y actividades pol�ticas con actividades judiciales�. El canciller chileno rechaz� �la pretensi�n de Garz�n de erigirse en justiciero internacional�.
Los reporteros le interrogaron sobre el supuesto acuerdo de �bajar el tono� de la pol�mica al que hab�a llegado el martes con Matutes, y Vald�s rechaz� que en sus declaraciones hubiese alzando el tono hacia Espa�a. Abel Matutes, por su parte,se neg� a hacer comentarios a las crispadas declaraciones de Juan Gabriel Vald�s, e insisti� en �que no quer�a alimentar la pol�mica�.
Augusto Pinochet, mientras tanto, regres� ayer al hospital Princesa Margarita, cerca de Windsor para continuar con la serie de reconocimientos m�dicos que se le vienen realizando en los �ltimos meses, informa desde Londres Jos� Manuel Costa. El ex dictador, que acudi� al centro vestido con traje y corbata, y utilizaba una silla de ruedas, permaneci� all� algo menos de una hora.
Las pruebas m�dicas tienen relaci�n con los mareos ocasionales que padece el general retirado chileno. A continuaci�n y siempre bajo vigilancia policial, regres� a la mansi�n que ha alquilado en el Wentworth.
"El Mundo" 1
TRIBUNA LIBRE
ENRIQUE GIMBERNAT ORDEIG
En virtud de la Parte I los estados signatarios se obligan a adoptar toda clase de medidas destinadas a combatir la tortura (por ejemplo: a adecuar su legislaci�n para sancionarla eficazmente y para impedir que cualquier declaraci�n obtenida bajo malos tratos pueda ser invocada como prueba en un procedimiento), entendi�ndose por �tortura�, en el sentido de la Convenci�n, �infligir intencionadamente a una persona dolores o sufrimiento graves, ya sean f�sicos o mentales�, siempre que �dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario p�blico u otra persona en el ejercicio de sus funciones p�blicas, a instigaci�n suya, o con su consentimiento o aquiescencia� (art�culo 1).
En la Parte II de la Convenci�n se prev� la creaci�n de un �Comit� contra la Tortura�, compuesto por 10 expertos, y encargado de vigilar -ante cualquier denuncia que se le haga llegar- que en ninguno de los Estados Parte �se practica sistem�ticamente la tortura�, contempl�ndose incluso la posibilidad de que los miembros del Comit� puedan investigar in situ, en el territorio del Estado denunciado, si tales acusaciones est�n o no fundadas (art�culo 20), y legitim�ndose a cada uno de los Estados Parte -cuando entienda que en otro de los estados signatarios se est� violando la Convenci�n- para promover la actuaci�n fiscalizadora del Comit� (art�culo 21).
Finalmente, en la Parte III de la Convenci�n se contienen normas de car�cter procedimental, disponiendo el art�culo 30 que, si dos o m�s Estados Parte no consiguen ponerse de acuerdo sobre el alcance de lo dispuesto en la Convenci�n, cualquiera de ellos puede someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
Seg�n se ha sabido en los �ltimos d�as, Chile tiene el prop�sito de someter al Tribunal de La Haya sus discrepancias con Espa�a en el caso Pinochet, mediante una solicitud que, si llegara a presentarse, constituir�a una burla de la letra y del esp�ritu de la Convenci�n, y un fraude de ley.
!?. Le� recientemente que el Sr. Gimbernat es tenido por un gran penalista, y hasta se le ha hecho un homenaje en Alemania reconociendo esta gran categor�a. Vamos a ver si, en este caso, est� esto justificado.
Una burla, porque lo que la Convenci�n contra -y no, como parece entender el Gobierno chileno, a favor de- la tortura pretende es erradicarla y perseguir a quienes la practican, mientras que la demanda ante el Tribunal de La Haya se presentar�a con la finalidad de que el presunto torturador Pinochet regresara a Chile y, con ello, a posiblemente el �nico espacio territorial del mundo donde goza de inmunidad, ya que ah� est� acorazado por leyes de autoamnist�a, sin que exista, en consecuencia, ning�n procedimiento penal abierto contra �l, sustray�ndole as� a la jurisdicci�n de Espa�a, que, entre otros delitos, le ha procesado por el de tortura, y, en su caso, a la del Reino Unido -que ha ratificado tambi�n la Convenci�n-, puesto que si �ste denegara la extradici�n a nuestro pa�s, viene obligado por ese Tratado multilateral -que no quiere dejar abierta ninguna posibilidad de impunidad para torturadores- a abrir un proceso criminal contra el ex dictador, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 7 de la Convenci�n: �El Estado Parte [en este caso: el Reino Unido] en el territorio de cuya jurisdicci�n sea hallada la persona [en este caso: Pinochet] de la cual se supone que ha cometido los delitos [de tortura]..., si no procede a su extradici�n, someter� el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento�.
Desacuerdo: Creo que hay procedimientos penales abiertos contra Pinochet en Chile. Y si no los hay, basta interponerlos; y si la justicia chilena no funciona, cabe el recurso -supongo- a la Comisi�n y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Espa�a no tiene jurisdicci�n para perseguir tales supuestas torturas, y eso el insigne jurista deber�a saberlo.
Y la eventual solicitud de Chile ante el Tribunal de La Haya constituir�a, adem�s, un fraude de ley, porque la intervenci�n de la Corte Internacional s�lo est� prevista para cuando surjan �controversias entre dos Estados Parte... que no puedan solucionarse mediante negociaciones�, ni mediante �arbitraje� (art�culo 30), y el �nico supuesto contemplado por la Convenci�n en que pueden originarse tales �controversias�, es cuando un Estado Parte denuncia a otro por la pr�ctica de torturas en su territorio o por la no adopci�n de medidas legales para evitarla, en cuyo caso �el Comit� pondr� sus buenos oficios a disposici�n de los Estados Parte interesados a fin de llegar a una soluci�n amistosa del asunto� (art�culo 21), y si no se llega -y s�lo entonces- es cuando la Convenci�n prev� el recurso a La Haya para que dirima el conflicto. Que la intervenci�n del Tribunal de La Haya est� limitada, exclusiva y excluyentemente, a este concreto conflicto entre los Poderes Ejecutivos de dos estados signatarios -denunciante el uno ante el Comit�, denunciado el otro porque fomenta o permite que se torture- lo ha admitido impl�citamente la Rep�blica de Chile, que hasta hace poco, y en virtud de dos reservas a la Convenci�n, no reconoc�a competencia ni al Comit� ni al Tribunal de La Haya, reservas que el pa�s latinoamericano, precisamente para poder acudir ahora a la Corte Internacional, dej� sin efecto, simult�neamente, el pasado 3 de septiembre; con ello Chile pon�a de manifiesto la interconexi�n entre el Comit� y la Corte Internacional de Justicia, y que el papel que la Convenci�n atribuye a dicha Corte se reduce a servir de segunda instancia, por as� decirlo, cuando no se ha alcanzado un acuerdo entre el Comit� contra la Tortura y los ejecutivos de los estados denunciante y denunciado sobre la supuesta violaci�n en este �ltimo de la Convenci�n: porque si se reconoce la competencia del Comit� -como acaba de hacer Chile-, entonces hay que reconocer tambi�n necesariamente la jurisdicci�n de la Corte Internacional para que alguien pueda pronunciarse definitivamente sobre el fondo �cuando las Partes no consiguen ponerse de acuerdo�.
Nuevo desacuerdo: �De d�nde se saca el insigne jurista que las controversias a las que se refiere el citado art�culo 30 puedan �nicamente provenir del citado art�culo 21?. El lector ya conoce la redacci�n exacta del art�culo 30 citado si ha le�do lo que he escrito en estas p�ginas web sobre el caso, y por ende ya sabe que la interpretaci�n del insigne jurista carece de base.
Que en el caso Pinochet� no se dan los presupuestos previstos en la Convenci�n para una intervenci�n del Tribunal de La Haya deber�a estar fuera de discusi�n. Por una parte, porque aqu� no estamos ante una denuncia ante el Comit� contra la Tortura interpuesta por Espa�a o por Chile de que en el territorio del otro Estado signatario se est� fomentando o practicando la tortura, por lo que no existe tampoco una resoluci�n de dicho Comit� en el sentido de que no se ha llegado a un acuerdo sobre el fondo, que es el requisito necesario para que se pueda acudir a La Haya. Y, por otra parte, porque -aunque no pueda o no quiera entenderlo Chile- tampoco concurre el presupuesto exigido por el art�culo 30 de la Convenci�n, con car�cter previo a la intervenci�n de la Corte Internacional, de que el caso Pinochet sea uno que �pueda solucionarse mediante negociaciones� entre ambos ejecutivos: nuestro Ejecutivo no tiene nada que negociar con Chile porque se trata de un asunto de competencia exclusiva del Poder Judicial espa�ol, y �ste, que est� sometido al �imperio de la ley�, y si no quiere incurrir en una prevaricaci�n, tampoco tiene competencia para negociar con el Gobierno chileno sobre si retira o no su petici�n de extradici�n, ya que, en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, tiene que atenerse estrictamente a lo dispuesto por las normas penales espa�olas.
Tercer desacuerdo con el insigne jurista: El lector que haya le�do estas p�ginas web o ya conozca el verdadero texto del art�culo 30 citado sabr� que �ste dice exactamente lo contrario de lo que afirma tan categ�ricamente el insigne jurista. Dice: "Las controversias (...) que no puedan solucionarse mediante negociaciones, se someter�n a arbitraje (...).".
De todo lo expuesto se concluye que la anunciada demanda chilena contra Espa�a ante el Tribunal de La Haya constituye, en primer lugar, una desfachatez, porque, con la supuesta cobertura de la Convenci�n contra la tortura, cuya finalidad es precisamente la de perseguir a los torturadores hasta los �ltimos confines de la Tierra, pretende, nada menos, que al presunto torturador Pinochet se le conceda refugio en el �nico pa�s del mundo -Chile- donde ni se le persigue ni se le puede perseguir penalmente, ya que est� protegido por una ley de autoamnist�a. Y, en segundo lugar, un fraude de ley, en cuanto que la intervenci�n del Tribunal de La Haya s�lo est� prevista en la Convenci�n cuando el Ejecutivo de un Estado Parte denuncia al de otro Estado ante el Comit� contra la Tortura, sin que, en primera instancia, se pueda llegar a un acuerdo sobre si dicha acusaci�n tiene fundamento o no, mientras que en el caso Pinochet estamos ante un procedimiento de extradici�n puro y duro, en el que no tiene competencia alguna dicho Comit� y en el que por parte espa�ola s�lo interviene su Poder Judicial.
Ni una, Sr. Gimbernat: No dir� que su art�culo constituya una desfachatez, sino, simple y ben�volamente, que lo escribi� Vd. en un mal momento.
Enrique Gimbernat Ordeig es catedr�tico de Derecho Penal y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.
"El Mundo" 2
De esta manera, replic� el dirigente socialista al jefe del Ejecutivo, Jos� Mar�a Aznar, quien hab�a criticado al PSOE por meter ciza�a en este caso para afectar �lo m�s posible� las relaciones entre Espa�a y Chile.
Para Almunia, quien �enciza�a� el caso Pinochet es el Gobierno de Aznar, que quiere estar a la vez con Pinochet y contra Pinochet.
�Quiere amparar a la vez los argumentos anticonstitucionales de Cardenal y Fungairi�o, que est�n en el origen de la politizaci�n del caso en Espa�a, y quedar bien con la opini�n p�blica espa�ola, que rechaza por razones �ticas argumentos antidemocr�ticos�, asegur�.
�Por qu� son "anticonstitucionales" los argumentos de Cardenal y de Fungairi�o?. La opini�n p�blica espa�ola no rechaza por razones �ticas los "argumentos antidemocr�ticos", sino, como hemos visto, por razones de desinformaci�n -involuntaria o, a veces, voluntaria, vulgo "enga�o"- causados por los periodistas espa�oles, como estamos comprobando.
A�adi� que tras la actitud del Ejecutivo, y de expresiones como las del presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, �diciendo m�s o menos que Pinochet era una instituci�n ben�vola�, hay una pol�tica �err�tica y unas declaraciones contradictorias en relaci�n con las autoridades chilenas�, que est�n, seg�n Almunia, en el origen de las malas relaciones con Chile.
El "socialista" y "democr�tico" Almunia ya sabe por qu� se han emponzo�ado las relaciones hispanochilenas: Por oponerse, por razones exclusivamente electoralistas, al arbitraje pedido por Chile y al que el Gobierno espa�ol hubiese estado encantado de poder acceder.
La informaci�n que sigue es la de un diario exclusivamente electr�nico, de poca circulaci�n, pero que es de inter�s para conocer mejor a Garz�n.
"La Estrella Digital"
En su opini�n, los principales violadores de tales derechos son los paramilitares y las guerrillas.
La misi�n, en la que particip� el juez espa�ol Baltasar Garz�n, entreg� un informe en el que advierte de que la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia, para combatir el narcotrafico, puede facilitar la violaci�n de los derechos humanos.
Como hemos visto antes, seg�n el peculiar concepto de "presunci�n de inocencia" que exhibe Garz�n, una ayuda militar para combatir el narcotr�fico "puede" facilitar la violaci�n de los derechos humanos. �Por qu� regla de tres?.
Seg�n sus integrantes, que se entrevistaron con autoridades civiles y militares, grupos ind�genas y miembros de organizaciones no gubernamentales en Bogot�, no se ha constatado "que exista una pol�tica gubernamental de protecci�n" a los escuadrones paramilitares de extrema derecha.
Sin embargo, los delegados internacionales abogaron por la "erradicaci�n de actividades il�citas en el seno de la fuerza p�blica" y calificaron de "inadmisibles" las cr�ticas hechas por militares colombianos a defensores de los derechos fundamentales.
�Hombre, si los citados defensores de los derechos fundamentales son, adem�s, narcotraficantes, por ejemplo, bien hecho que har�an los militares colombianos al criticarlos!.
Tambi�n participaron en la misi�n Kerry Kennedy, fundadora del Centro de Derechos Humanos Robert Kennedy e hija del senador y ex fiscal general (ministro de Justicia) estadounidense asesinado en 1968; Marvin Frankel, ex juez de EEUU, y el sacerdote Luis P�rez Aguirre, director del Servicio de Paz y Justicia de Uruguay.
Adem�s, integraron el grupo el guatemalteco Frank La Rue y el peruano Francisco Sober�n, vicepresidente de la Federaci�n Internacional de Derechos Humanos.
La delegaci�n ten�a previsto entrevistarse con el presidente colombiano, Andr�s Pastrana, pero la cita se cancel� porque sus miembros llegaron a la Casa de Nari�o, sede presidencial, con media hora de retraso.
Profunda preocupaci�n
Minutos antes, en una conferencia de prensa, los observadores
se�alaron que ven "con profunda preocupaci�n la situacion grave de
ataques y amenazas en contra de defensores de derechos humanos en
Colombia" y subrayaron que "la poblaci�n civil se ha convertido en
objetivo y v�ctima inerme del conflicto armado interno".
Denunciaron que este a�o se han registado en Colombia 269 matanzas y 1.299 muertes y se�alaron que "los actores que producen la mayor violaci�n a los derechos fundamentales y al derecho internacional humanitario en la actual situaci�n de conflicto son los paramilitares y las guerrillas".
A�adieron que "en los ultimos dos a�os, cerca de treinta defensores (de los derechos humanos) han sido asesinados, uno ha sido desaparecido, cuatro secuestrados y porteriormente liberados; cuatro m�s se hallan detenidos; aproximadamente setenta han sido objeto de amenazas y hostigamiento directos, y al menos 27 han sido forzados al exilio para proteger su vida".
"Hemos tenido la ocasi�n de comprobar la situaci�n de extrema dificultad en la que se desarrolla la labor de las instituciones p�blicas. Algunos servidores p�blicos han sido muertos, secuestrados o amenazados por las fuerzas paramilitares y la guerrilla", agregaron.
La misi�n asegur� que hab�a viajado a Colombia "con humildad y en af�n de colaboracion, para mostrar el apoyo expreso" a quienes trabajan por los derechos humanos, y exigi� que los archivos de informaci�n secreta sobre defensores de derechos humanos "sean comunicados a los interesados" para que se aclaren o eliminen.
Consejo de Garz�n
Baltasar Garz�n, juez de la Audiencia Nacional de Espa�a, que logr� la
detenci�n en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet,
recomend� que las violaciones de los derechos humanos atribuidas a
miembros de las Fuerzas Armadas colombianas sean sancionadas por
la justicia com�n y no por tribunales militares.
�Hay pruebas de que los tribunales militares colombianos sean injustos, o es otra muestra del sui g�neris concepto "presunci�n de inocencia" de Garz�n?.
Critic� tambi�n la reciente creaci�n del primer batall�n militar antinarc�ticos, asesorado por EEUU, y pidi� que esas funciones se limiten a la Polic�a.
�Sabe Garz�n -en una visita de tres d�as- mejor que los colombianos si tales funciones deben limitarse a la Polic�a o no?.
El juez espa�ol abog� por la reanudaci�n de conversaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), e inst� a esta organizaci�n rebelde a liberar a los secuestrados y prisioneros que retiene, por considerar que una negociaci�n no se puede llevar a cabo bajo la intimidaci�n.
Por fin algo con sentido com�n.